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Se trata de un aumento del veinticuatro por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.
Ignacio Tobía, responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de Haro, ha presentado el balance de actuaciones de la O.M.I.C. respecto al primer semestre de 2020. Los datos muestran un notable incremento de las gestiones realizadas por este servicio local, con un aumento del 24 por ciento con relación al mismo periodo de 2019. En total, la suma de todas las intervenciones alcanza las 3.142, 2.145 de ellas fueron consultas, con una media de 29 diarias de forma presencial o telemática y se gestionaron 521 reclamaciones y denuncias.
Ignacio Tobía reseña en su informe que, "durante todo el periodo en vigor del Estado de Alarma la atención al ciudadano se realizó por teléfono y correo electrónico con un total de 2.224 actuaciones, de ellas 410 fueron reclamaciones por distintos conceptos".
La temática de estas reclamaciones y denuncias se centraron, fundamentalmente, en el sector de la telefonía con un total de 186 reclamaciones, en el bancario con más de 46 expedientes y el de los viajes con un total de 113 reclamaciones y más de 27 denuncias. Tal y como subraya Tobía, “las facturas indebidas, con cobro de servicios no contratados y la mala gestión de la atención de los servicios de atención al cliente, resumen el malestar de los ciudadanos en su relación con las operadoras de telefonía de nuestro país, externalizadas, y con una deficiente atención al cliente”.
El servicio municipal de consumo ha registrado, durante este periodo, el índice de actuaciones más elevado desde su puesta en marcha hace 25 años. Destacan las consultas y reclamaciones dentro del Estado de Alarma ( del 14 de marzo al 21 de Junio) sobre telecomunicaciones con el 36 por ciento, y el sector de transportes y viajes, debido a las cancelaciones y solicitudes de reembolsos, con el 34 por ciento, como las principales preocupaciones del consumidor jarrero.
Este servicio se financia por parte del Ayuntamiento de Haro que recibe una aportación anual, vía subvención de 10.700 euros, por parte del Gobierno de La Rioja para financiar gastos de personal, mantenimiento y funcionamiento. El equipo de gobierno valora “muy positivamente el funcionamiento de este servicio de carácter municipal porque a través de él los ciudadanos disponen de un mecanismo para poder plantear sus problemas o dudas en todo lo que se refiere a cuestiones relacionadas con el consumo”.